El sindicato CSIF ha pedido hoy un decreto
ley que "desbloquee" las oposiciones de empleo público, pues 50.000
vacantes por jubilación de docentes no universitarios quedarían sin
cubrir si las autonomías no sacan plazas este año ni se acumulan a la
convocatoria de 2018.
La oferta de
empleo público de 2017 está ligada a la ley de presupuestos del Estado
de este mismo ejercicio, aún no aprobada por las Cortes, según fuentes
de Hacienda, pues es donde se fijará la tasa de reposición de bajas por
jubilación para todas las administraciones.
En
rueda de prensa, el presidente del enseñanza de CSIF, Mario Gutiérrez,
ha interpretado que existe un "chantaje" recíproco entre las comunidades
y el Gobierno, "tensiones" entre Educación y Hacienda y que todos los
partidos tratan de "utilizar" la situación.
Ha
añadido que se está aduciendo "inseguridad jurídica" como "arma
política", y ha aludido a "discrepancias" entre abogados del Estado
sobre los efectos de los presupuestos de 2016, que están prorrogados.
"Es
muy difícil llenarte la boca de pacto de Estado educativo cuando no
quieres solucionar el problema de la inestabilidad docente", ha
comentado.
CSIF, mayoritario entre los
funcionarios, planteará este asunto en la reunión que los sindicatos de
representación nacional mantendrán el martes próximo con responsables
del Ministerio de Educación, y también lo hará en la mesa general de la
función pública, que preside Hacienda.
Además,
el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, también se lo expondrá a
la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el lunes próximo, ha anunciado
Gutiérrez.
Ha argumentado que las
oposiciones no supondrían un aumento de los gastos de personal, pues los
interinos pasan a ser fijos sin más, y ha defendido una "armonización"
de las convocatorias en las distintas comunidades.
El
responsable sindical ha alertado de un aumento "muy significativo" de
la inestabilidad laboral y de un daño "muy terrible" si no hay
soluciones.
En este sentido, ha
calculado el nivel de interinidad por encima del 20 %, con una horquilla
que va del 16 % de Andalucía al 30 % de Aragón o la Comunidad
Valenciana y el 40 % de Melilla, cuando los estándares europeos de buena
gestión son del 8 %, ha informado. También ha indicado que el 36 % de
la plantilla supera los 50 años.
El
encargado de universidades, Ramón Caballero, también ha denunciado la
tasa de temporalidad "extraordinaria" de profesores e investigadores, un
42 %, siendo del 21 % entre el personal de administración y servicios.
Igualmente
ha advertido de las consecuencias laborales si no se convocan los
proyectos de 2017 del plan estatal de investigación.
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